"La política migratoria del Gobierno aborda todo el ciclo migratorio. Es una política transversal que va desde la cooperación con países de origen, tránsito y destino, y la gestión de fronteras, por supuesto, hasta la apertura de vías legales y ordenadas de migración. También incluye la regularización de quienes ya forman parte de nuestra sociedad y las políticas que permitan la integración efectiva de los nuevos ciudadanos mediante el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. La experiencia demuestra que las regularizaciones bien diseñadas son beneficiosas. Desde 1986 hasta el año 2005, gobiernos de distinto signo, de distinto color, recurrieron a ellas cuando la realidad social iba por delante de la normativa, y la evidencia demuestra que no tuvieron efectos negativos sobre el empleo. Al contrario, mejoraron la integración laboral, incrementaron la recaudación fiscal y redujeron la informalidad en línea con las recomendaciones que nos hacen organismos como la propia OCDE. De hecho, hay estudios académicos que estiman que el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por persona migrante regularizada como efecto combinado entre las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago del IRPF. ¿De 1,2 millones?"